Un año y medio después de la sanción de la Ley 2881, la Asesoría General Tutelar denunció que las instituciones que albergan a niños sin hogar no han cumplido con el plazo legal de adecuación a la norma y pidió al Gobierno de la Ciudad que no de lugar a la prórroga que solicitaron los prestadores para adaptarse a la nueva legislación.

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La ley regula el funcionamiento de los 99 establecimientos para menores institucionalizados en la Ciudad de Buenos Aires y dispone que los dispositivos de albergue debían adecuar su funcionamiento e instalaciones en un plazo de 18 meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Un año y medio después, vencido el plazo legal, la postergación de su entrada en vigor pone en riesgo las condiciones edilicias, sanitarias y de seguridad de los establecimientos, y deja desprotegidos derechos fundamentales de los 1300 menores que dependen del Gobierno de la Ciudad.

En diálogo con “Las Vueltas de la Radio”, Laura Musa, Asesora General Tutelar de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, expresó que “no debe hacerse lugar al pedido de prórroga y debe exigirse la aplicación de la ley de manera plena”.

“Frente al pedido de prórroga, cabe preguntarse por qué estas instituciones habrían de adecuarse durante los próximos 12 meses a las exigencias de la ley si durante los 17 meses transcurridos siquiera han comenzado a hacerlo”, expresó la especialista.